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La Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA) apoya a la industria cultural española ante la reforma en curso de la Ley de Propiedad Intelectual
25 de Septiembre de 2014

La Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA) que agrupa a los productores audiovisuales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (diecisiete países miembros), considera que la reforma parcial de la ley de propiedad intelectual española, pendiente de aprobación en el Senado, perjudica gravemente a la producción cinematográfica y audiovisual de todos los países de la comunidad iberoamericana.

FIPCA lamenta que esta reforma se esté realizando por parte de la Secretaría de Estado de Cultura a espaldas del sector cultural, sin diálogo ni consenso, y sobre todo sin tener en cuenta adecuadamente las iniciativas europeas en materia de propiedad intelectual.

FIPCA recuerda que las consecuencias de esta reforma afectarán, no sólo a España, sino también a toda la producción Iberoamericana. FIPCA cuestiona el tratamiento del Gobierno español a diferentes cuestiones incorporadas en la presente reforma como es el caso de la remuneración compensatoria por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado que, ni compensa adecuadamente a los creadores, ni satisface a los ciudadanos, que no entienden que tengan que pagar indiscriminadamente, compren o no equipos que permitan realizar copias privadas.

FIPCA considera, al igual que las instituciones europeas, que el sistema de administración de derechos a través de las entidades de gestión es el único mecanismo adecuado para garantizar una equilibrada, justa y eficaz gestión de los derechos de propiedad intelectual para los productores audiovisuales, que sería imposible ejercitar de forma individual.

FIPCA se solidariza con la industria cultural española y le transmite su apoyo en la lucha por una ley de propiedad intelectual justa que verdaderamente responda a la protección de nuestros derechos. La cultura forma parte de la esencia y raíces de los países y no protegerla es destruirla, igual que a una industria que representa un importante porcentaje del PIB en España e Iberoamérica.



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